El debate sobre el aborto se avivó este martes en Colombia a raíz de la interrupción de un embarazo de siete meses de una mujer que alegó problemas de salud mental, a pesar de la oposición de su expareja que intentó impedirlo hasta último momento.

"No me siento bien, ni preparada para asumir un parto", dijo la chica de 22 años a medios locales en Popayán, capital del departamento del Cauca, en el suroeste del país, donde se le practicó el aborto en una clínica de la entidad privada Profamilia.

Por su parte el padre, Juan Pablo Medina, respaldado por las iglesias católica y evangélicas, así como por organizaciones pro-vida argumentó que este caso no cumple con ninguna de las tres causales que contempla la Corte Constitucional para hacer el aborto.

"Es una situación que yo no me esperaba, era un ser que fue planeado y lo estaba esperando con todo mi amor. En este momento no se nada del bebé, no se dónde estará el cuerpo", dijo Medina a periodistas y pidió que le sea entregado el feto para "darle cristiana sepultura".

Derecho constitucional

En 2006 la Corte Constitucional despenalizó el aborto en casos en de que el embarazo ponga en riesgo la vida o la salud de la mujer, cuando la gravidez es producto de violación o incesto, sin límite de meses de gestación, y en caso de malformaciones fetales graves incompatibles con la vida extrauterina.

Dichas causales fueron ratificadas por el mismo tribunal en 2018 y a ellas se apegó Medina para tratar de impedir el aborto de su hijo dado el avanzado estado de gestación y al que incluso ya le había dado el nombre de Juan Sebastián.

Profamilia, que promueve el respeto de los derechos sexuales y reproductivos, confirmó en Bogotá que, de acuerdo con la ley, se efectuó la interrupción voluntaria del embarazo de la joven, conforme a la sentencia de la Corte Constitucional.

"Profesionales atendieron a la señora identificando y certificando que se encontraba bajo una de las tres causales despenalizadas. Los profesionales ofrecieron asesoría integral sobre distintas opciones a cuales ella tenía acceso y con las cuales contaba", dijo en unas rueda de prensa la directora ejecutiva de Profamilia, Marta Elena Royo.

Controversia encendida

El caso avivó el debate sobre el aborto en el país, abierto hace unas semanas por la demanda interpuesta ante la Corte Constitucional por la abogada Natalia Bernal quien solicitó que revise sus sentencias y prohíba el aborto en todos los casos.

El senador John Milton Rodríguez, del partido evangélico Colombia Justa Libres, pidió a la Fiscalía General y a la Superintendencia de Salud una "investigación profunda" a Profamilia por su actuación "en el caso del bebé Juan Sebastián, que fue abortado faltando un mes para nacer".

En la otra orilla, la activista Mónica Roa defendió el "aborto sin condiciones" y dijo que a nadie le gusta someterse a esa práctica "en etapa tan avanzada", pero muchas mujeres se ven obligadas a hacerlo porque "enfrentan muchísimas barreras que van haciendo que el reloj corra y el embarazo avance" y porque "hay muchos casos donde por razones de salud se hace necesario".

"El aborto, como siempre, debe discutirse en un contexto integral de derechos sexuales y reproductivos. Educación sexual para elegir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir", dijo en su cuenta de Twitter.

La Secretaría de la Mujer de la Alcaldía de Bogotá hizo por su parte un llamado "a que se despenalice la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y se avance en superar las barreras institucionales y socioculturales que hoy impiden a las mujeres ese derecho".

Judicialización del aborto

El caso de la joven de Popayán es el más visible entre las numerosas mujeres cuyos casos que han ido a parar a la Justicia por abortar ya que, según la Fiscalía General, se recibieron 5.833 denuncias entre 1998 y 2019, de las cuales un 75 % fueron archivadas.

Según cifras del Instituto Guttmacher, una organización privada sin ánimo de lucro que apoya el derecho al aborto, el 53 % de las mujeres pobres rurales "sufren complicaciones graves al practicarse abortos de alto riesgo y las mujeres pobres en general tienden a no tener las condiciones necesarias para los cuidados post aborto".

Otras organizaciones internacionales por los derechos humanos como Human Right Watch se han pronunciado contra la regresión de la legislación sobre el aborto.

"Colombia no debe limitar el acceso al aborto", expresó hace unas semanas su director, José Miguel Vivanco, quien recordó que "la criminalización del aborto ha tenido consecuencias devastadoras para la vida y los derechos de las mujeres en toda América Latina".

EFE